Lara Progresista

   LO MÁS RELEVANTE   
banner-Plan-de-Desarrollo
A+ A A-

Denuncian que elaboran listas para obligar a trabajadores a votar por ANC

Jefes conminan a empleados públicos a formar los comités de defensa de la constituyente en sus centros de trabajo, señalaron sindicalistas.

 Obligar a los trabajadores del sector público a votar a favor de la constituyente bajo la amenaza de que podrían ser despedidos de sus empleos recuerda el terrorismo laboral que vivió este sector en períodos del dictador Marcos Pérez Jiménez, señalan dirigentes sindicales. “Hemos recibido denuncias de que en los organismos empezaron el proceso de elaborar las listas, con base en las nóminas, para chequear que los trabajadores voten el 30 de julio”, informó Marcela León, secretaria general de la central Alianza Sindical Independiente.

León aseguró que en la Corporación Eléctrica Nacional, empresas básicas de Guayana y compañías que han sido ocupadas y estatizadas son amenazados con el despido si no acuden a votar por la ANC.

Precisó que luego del anuncio que hizo el jueves el presidente Nicolás Maduro en Ciudad Guayana, Bolívar, ayer se incrementaron las presiones para que se formen, de inmediato, los comités de defensa de la constituyente, los cuales deberán contar con 10 integrantes, como mínimo, que se encargarán de organizar la votación y vigilar la asistencia de todos los empleados que se encuentren en nómina. “Los empleados llaman esta acción ‘la operación tun-tun”, dijo León.

“Maduro se lleva por delante todo un entramado de leyes que prohíben obligar a los trabajadores a votar su fraudulenta constitución comunal”, advirtió Froilán Barrios, dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.

El representante de Fadess explicó que el gobierno irrespeta el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo contra todo tipo de discriminación social, racial, de género y política. Agregó que la orden presidencial es contraria al artículo 63 de la Constitución, que establece: “El sufragio es un derecho mediante votaciones libres, universales, directas y secretas” y el 145 de que “los funcionarios y funcionarias están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrá estar determinado por ser miembros de un partido político, todo ello en el ejercicio de sus funciones”.

Asimismo, la Ley del Estatuto de la Función Pública prohíbe a los empleados en ejercicio de sus funciones hacer propaganda, coacción pública u ostentar distintivos que los acrediten como miembros de un partido político, mientras que la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales dispone: “Ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio”.

Marlene Sifontes, directiva del sindicato del Instituto Nacional de Parques, asegura que Maduro evidencia su desespero por que la ANC cuente con electores porque perdió el apoyo popular. “Para el régimen es fundamental el voto de 2 millones de trabajadores del sector público, por eso pretende obligarlos”, afirmó.

Barrios y Sifontes instaron a los trabajadores a desobedecer al gobierno, pues con la ANC los problemas laborales y la falta de libertades democráticas empeorarán. “Llamo a los empleados públicos a no dejarse amedrentar por las amenazas y a que participen en el plebiscito popular del 16 de julio para defender la Constitución y el sistema republicano, hoy más que nunca en peligro”, destacó la sindicalista.

Sindicato acosador

El gobierno se vale de la dirigencia del sindicato del Metro de Caracas para imponer la constituyente a los trabajadores mediante el acoso laboral, denunció la dirigente Solanda Gámez. “Desde el 14 de mayo hasta el 15 de junio la propia directiva del sindicato impulsó el despido injustificado de 80 trabajadores por razones políticas”.

Recordó que los empleados fueron expulsados por publicar en las redes sociales mensajes contra la constituyente y de defensa de la democracia. “Lo más grave es que no fue el patrono quien procedió a despedirlos, sino el mismo sindicato, lo cual es una conducta deplorable y aberrante”, dijo Gámez.

Destacó que la Inspectoría del Trabajo falló a favor del reenganche de algunos de los despedidos, pero la empresa y los sindicalistas oficialistas se han negado a acatar la orden.

 

Fuente: el-nacional.com

08 de Julio de 2017

Modificado por última vez en
volver arriba